Insurrección 2.0 / En la opinión de Anne Marie Mergier

Anne Marie Merger / APRO / MX Político.- El diálogo de sordos entre los llamados “Chalecos Amarillos” y el presidente Emmanuel Macron se agudiza. Aquellos llevan dos semanas exigiéndole al Poder Ejecutivo medidas para no seguir llegando al final del mes sin un centavo en el bolsillo; concretamente demandan la eliminación del impuesto sobre el diésel y la gasolina sin plomo.

Y lo hacen bloqueando la circulación en carreteras y calles, impidiendo el acceso a centros comerciales y gasolinerías y –como el pasado 24 de noviembre– enfrentando violentamente a las fuerzas del orden en la parisina avenida de los Campos Elíseos.

Pero Macron no quita el dedo del renglón y acaba de reiterar que no cancelará ese impuesto, el mismo que prendió el polvorín. Sólo hizo una concesión: lo suspenderá temporalmente en caso de un alza importante en el precio del petróleo, sin precisar cuál será el nivel de aumento que justificara la medida.

También instó a los Chalecos Amarillos a “convertir su coraje en soluciones”, invitándolos a participar en una concertación ciudadana de tres meses que se llevará a cabo en toda Francia y en la que actores sociales de toda índole buscarán juntos conciliar dos emergencias: la lucha contra la crisis ambiental –que amenaza la sobrevivencia del planeta– y la necesidad de detener la disminución vertiginosa del poder adquisitivo de millones de franceses.

Macron lanzó esas propuestas el pasado 27 de noviembre, durante la presentación de su Programación Plurianual de Energía ante presidentes regionales, representantes del movimiento ecologista y líderes sindicales y empresariales, dando por primera vez la impresión de que tomaba en serio a los Chalecos Amarillos.

Recobrando el tono de empatía que le funcionó muy bien durante su campaña electoral –y que abandonó al llegar al poder–, el presidente aseguró que los oía y entendía su desesperación.

Pero no convenció a nadie: ni a la clase política gala ni a los sindicatos y menos aún a la opinión pública ni a la armada de sociólogos y analistas políticos que observan con lupa esa “insurrección 2.0”… sin mencionar el rechazo rotundo de los propios Chalecos Amarillos.

No se mostró más persuasivo Francoise de Rugy, ministro de la Transición Energética, quien se entrevistó también el 27 de noviembre con Priscilla Ludosky y Eric Drouet, dos de los ocho voceros del movimiento.

Los Chalecos Amarillos son unánimes: “Macron oye, mas no escucha. Y si de casualidad escucha, no entiende”. Y también repiten: “Aunque diga lo contrario, Macron se preocupa más por el fin del mundo que por el final del mes de franceses como nosotros”.

Resultado: los Chalecos Amarillos anunciaron que celebrarían el “Acto III” de su movilización este sábado 30 de noviembre, con una nueva marcha en los Campos Elíseos.

Movimiento plural

Heterogéneo, paradójico, desconfiado, abiertamente hostil hacia los partidos políticos, las organizaciones sindicales, los medios de comunicación y las clases urbanas “acomodadas”, ese movimiento inédito que se va inventando día tras día está integrado esencialmente por una clase media venida a menos en las llamadas “zonas periurbanas” y por habitantes de municipios rurales. Los unos y los otros se sienten olvidados y despreciados por las grandes urbes y sobre todo por “la élite” de los dirigentes del país, cualquiera que sea su ideología.

Integran el movimiento artesanos, obreros, microempresarios, burócratas, campesinos, desempleados y muchos jubilados. Llama la atención la presencia y el activismo de un gran número de mujeres.

El chaleco fosforescente que llevan puesto es el que por ley cada automovilista debe tener en su vehículo y usar para ser visible cuando su coche quede estacionado a la orilla de una carretera. Hoy más que nunca esa prenda cumple su función: asegurando a los Chalecos Amarillos visibilidad nacional e internacional.

La mayoría de los Chalecos Amarillos entrevistados por la prensa y por los equipos de sociólogos desplegados en todo el país insisten en que participan por primera vez en un movimiento de protesta y confiesan que llevan años sin votar. Sus reivindicaciones no son sólo de orden material. Muchos afirman que visten el chaleco amarillo y protestan también para defender su “dignidad” y expresar su “inmenso desasosiego”.

Es preciso volver algunas décadas atrás para entender cómo nació el “fenómeno periurbano” francés; y aún más lejos para encontrar las raíces de la crisis que desencadenó el impuesto a los combustibles.

A partir de los setenta y ochenta numerosas familias francesas optaron por instalarse en zonas semirrurales, más o menos cerca de las ciudades grandes y medianas. Muchas tomaron esa decisión porque soñaban con una mejor calidad de vida: casa propia con jardín, medio ambiente sano y seguridad. Pero para muchas otras fue la especulación inmobiliaria desenfrenada la que las expulsó de las urbes.

En esas áreas es imposible vivir sin auto. A menudo se necesitan dos vehículos por familia para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, ir de compras o al médico, pues esas regiones tienen una red de transporte público cada vez más reducida o, de plano, inexistente. Un automóvil es aún más indispensable en los municipios rurales, donde las tiendas de artículos de primera necesidad desaparecen y donde faltan oficinas hacendarias o postales, consultorios médicos y farmacias.

Otro factor que se debe considerar para entender la ira contra el alza en los combustibles tiene que ver con la sobreproducción de diésel que se dio en Francia en los sesenta y setenta.

Entonces el Estado galo impuso a la industria automotriz la producción masiva de vehículos con motores diésel y convenció a los automovilistas de comprarlos. Para ello se bajó considerablemente el precio de ese combustible y lo hizo mucho más barato que la gasolina.

Hoy se pagan las consecuencias de esa política: en 2015 en Francia, 62% de los automóviles particulares y 95% de los de servicio tenían motores diésel. La casi totalidad de los habitantes de las zonas periurbanas y rurales son dueños de esos coches, considerados ahora altamente contaminantes y destinados a ser eliminados.

Para deshacerse de ellos el mismo Estado que favoreció su desarrollo toma hoy medidas drásticas para forzar a los automovilistas a adquirir vehículos eléctricos o menos contaminantes. El aumento anual del precio del diésel y el impuesto que le corresponde se inscribe en ese contexto.

Esa iniciativa tecnocrática iniciada y temporalmente abandonada por el expresidente Francois Hollande y que retomó de forma autoritaria Macron, ignora la degradación del poder adquisitivo que flagela a las clases medias y bajas francesas desde la crisis financiera de 2008.
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