México hipnotizado / En la opinión de Francisco De Paula León

Francisco De Paula León / APRO / MX Político.- El día de las elecciones Andrés Manuel López Obrador hipnotizó a México. Obtuvo un histórico 53% de los votos, apoyado en la promesa central de su campaña, tejida a partir del discurso del combate frontal a la corrupción, de anteponer a los pobres y la pobreza en la lista de las prioridades de la patria, de someter a juicio a “la mafia del poder” y eliminar los privilegios de las élites como precondición para hacer posibles la paz y la justicia.

Tan sencillo como pareciera en la superficie, resulta que la oferta de López Obrador condensada en tres ideas –combate a la corrupción, paz y justicia social– representa en realidad la más compleja asignatura de la ciencia política. En su afán por resolverla, los filósofos y politólogos han abarrotado de volúmenes las bibliotecas de todas las culturas. La paz y la justicia –como a lo largo de los siglos han coincidido notables científicos sociales– son dependientes una de otra porque, aseguran, no puede haber paz sin justicia ni justicia sin la precondición de la confrontación y conflicto con las élites y sus privilegios.

El problema es que las recetas para acabar con la corrupción y acceder a un estado de paz y justicia han resultado mucho más complicadas de resolver de lo que a simple vista pareciera, en especial para quienes, como López Obrador, las han ofrecido como una moneda de intercambio electoral con los ciudadanos.

La paz habría sido resuelta con la idea del arreglo vertical “de autoridad y subordinación” que siglos más tarde sería la del pacto social (J. J. Rousseau) entre gobernante y gobernados. En esta geometría política, el pueblo acepta la autoridad de un líder a cambio de obtener la seguridad física y la de su familia, subordinando su voluntad a los dictados de un gobierno (que supuestamente dimana del pueblo) y que no obstante que en su versión moderna se equilibra con los poderes Legislativo y Judicial, sin excepción produce el efecto de la concentración inmensa del poder. El mecanismo vertical del pacto social de autoridad y subordinación que nació desde la creación de la ciudad-Estado para resolver la paz social, ha sido justamente el que alentó el fundamento estructural de la injusticia.

Ante el fracaso parcial de esta idea, y para enmendar la asignatura de la justicia, desde el Siglo de las Luces nació una propuesta horizontal. Se establecieron múltiples recetas que serían adoptadas por los futuros institutos ideológicos (los partidos políticos) que como una epifanía postularon, de acuerdo con ellos, el grado conveniente de involucramiento del gobierno en la vida pública: ya fuera en su versión de máxima intervención del Estado (ultraizquierda, socialismo o comunismo) o el de su mínima participación (para asegurar la paz social), dejando la responsabilidad de la justicia a una “mano invisible” que, según A. de Tocqueville, equilibra las diferencias del acceso al ingreso, seguridad y deferencia de las mayorías.

La verdad es que a lo largo de los años, ninguna de estas pócimas políticas, funcionó para el establecimiento cabal de una sociedad justa. Por eso, prometer –como lo hizo López Obrador en su campaña– que resolverá en sólo 100 días o seis años la corrupción y obtener paz y justicia social, es una oferta temeraria.

Para hacer todavía más complejo el reto de López Obrador es indispensable tener presente que desde su fundación, el mosaico social de nuestra patria enfrenta diferencias abismales en la impartición de justicia y que los diversos momentos de reivindicación histórica de las clases que lo componen (criollos, mestizos e indígenas) se agudizaron con el desencuentro en el campo y las ciudades de nuestra peculiar estratificación socioeconómica.

El otro lado de la moneda de esta reflexión es que –si bien todo el mundo coincide en que la prioridad en México debe ser el combate a la pobreza– el proselitismo político basado en el enfrentamiento de las diferencias entre las clases es un asunto delicado. México ya vivió una revolución que dejó 1 millón de muertos y por ello la unidad e inclusión de todos en la vida pública no sólo es un asunto de justicia, sino incluso de seguridad nacional.

Es importante alertar que la idea misma de bautizar a un partido político con el subliminal nombre de “Morena” no es inocente, porque en el fondo conlleva un mensaje políticamente incorrecto, que no es (como debería ser el de un partido) de afiliación ideológica o política sino de clase y, posiblemente, hasta de una anacrónica connotación de fanatismo religioso.

La verdadera justicia social simplemente no se concreta si el gobernante no sujeta a juicio los privilegios políticos otorgados indiscriminadamente a las élites. Por ello ha sido frecuente pensar que en los procesos electorales, sin un acuerdo secreto de no agresión con las cúpulas, es difícil o imposible ganar la Presidencia de un país y por supuesto que de lograrlo, una vez instalado en el gobierno podrá conducir una administración atrapada entre la espada y la pared de los privilegiados y los sin privilegios.

En este contexto López Obrador plantea una “Cuarta Transformación Nacional” que constituye más bien una tercera reivindicación de las clases del mosaico socioeconómico nacional.
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